«Colau sigue pensando que “el teléfono hay que cogerlo siempre cuando llame Torra”, pero no la mano tendida de un Rey que representa a la nación española de la que Barcelona forma parte»
En un texto que Torra reprodujo vía Twitter, el presidente del Gobierno catalán reprochó a Pedro Sánchez no haber contestado su llamada telefónica del sábado 19 de octubre pasado. Según el texto de la carta, Torra escribió que «usted se niega a hablar con el representante de los catalanes y, aún peor, se niega a establecer ningún tipo de diálogo».
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Los siete magistrados del Tribunal Supremo que firmaron la sentencia del ‘procés’, en un momento del juicio. POOL
Ni soy jurista ni tengo la formación exigible para poder saber si la sentencia del Tribunal Supremo sobre el juicio del procés se ajusta o no a Derecho. La acepto, sin más. Lo que no ha dejado de llamarme la atención ha sido la constante sobreactuación en relación con la exaltación del respeto escrupuloso a los derechos de los procesados.
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España tiene una extensión territorial de 505.990 kilómetros cuadrados. Cataluña, 32.108. En el caso de que unilateralmente decidieran la separación del resto de España, los españoles nos encontraríamos ante un grave problema que tiene poco que ver con la dimensión de nuestro país. No es la extensión del territorio lo que hace grande, fuerte y consistente a una nación; se puede ser un macro territorio y, sin embargo, disponer de una economía deficiente y de un Estado con una democracia inexistente o debilitada; ejemplos hay que demuestran que a España no tenía que irle mejor o peor en función de dónde sitúa sus fronteras. Fronteras que, en el caso español, no han parado de moverse desde que con los reinados de Carlos I y Felipe II, en el Imperio español -según nos enseñaban en la escuela- nunca se ponía el sol. Ya a partir de Felipe III las sombras comenzaron a aparecer con la pérdida de los Países Bajos, el Milanesado, Nápoles, las colonias americanas, los territorios en Asia y Oceanía, las colonias norteafricanas… Cuando en 1978, la nueva Constitución alumbró la democracia española, los españoles estábamos curados de espantos si de pérdidas territoriales se trataba.
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El pasado día 7, el Parlamento de Cataluña aprobó la creación de una comisión de investigación sobre las actividades de la Familia Real española; la iniciativa parlamentaria contó con el voto favorable de JxCat, ERC, CUP y Catalunya en Comú Podem, y con el rechazo de PSC, Cs y PP. Al parecer, pretenden investigar las actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la Familia Real española. Según declaró Carles Riera (CUP) «ya que el Congreso no quiere hacerlo, este Parlament debe tener la dignidad y decencia de investigar a la Monarquía».
No hay diálogo posible ni nada que negociar con el independentismo. O Constitución y Estado democrático de derecho o república catalana independiente. Éstas y no otras son las alternativas que están en juego. Los independentistas ya han manifestado, por activa y por pasiva, cuáles son sus premisas de partida: La república catalana independiente ya fue promulgada y no piensan retroceder hacía otra fórmula diferente.
