Para ser creíbles, los partidos tienen la responsabilidad de afrontar la vertebración del Estado sin posiciones vacilantes que permitan lecturas interesadas como consecuencia de una falta de definición de lo que es España. La Constitución de 1978 dibujó un reparto de poder que ha posibilitado vivir juntos a los territorios que conforman la realidad de nuestro país.
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El exjefe del Ejecutivo de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha destacado el «consenso» introducido durante su mandato por el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, de quien de su «ejemplo» de «hombre valiente» a su juicio debería «tomar clase particular» la España actual.
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El domingo pasado se produjo el esperado debate entre Artur Mas y Felipe González en el programa Salvados de la Sexta TV. El núcleo central de la conversación fue el anuncio de referéndum para saber qué quieren los catalanes en su relación con el resto del Estado. Tanto Mas como González coincidieron en algunas apreciaciones y discreparon en la fundamental. El expresidente del Gobierno consideraba inviable la realización del citado referéndum, mientras que Mas, desde un razonamiento completamente lineal, lo daba por hecho, bien porque se le autorizara a llevarlo adelante, bien por medio de unas elecciones plebiscitarias.
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Se cumplió lo previsto. El Parlamento de Cataluña aprobó por mayoría la petición para que el Congreso de los Diputados ceda, por el artículo 150.2 de la Constitución, a la Generalitat la competencia para realizar una consulta soberanista. La resolución fue aprobada por 87 votos a favor (convergentes, republicanos, ecosocialistas y tres diputados socialistas del PSC), 43 en contra (PSC, PP y Ciutadans) y tres abstenciones.
Se vuelve a percibir que el Parlamento catalán está dividido en dos bloques. Uno, el mayoritario, formado por los grupos soberanistas, y otro, al que podríamos llamar unionistas. Hace unos meses, cuando Mas anunció su intención de convocar un referéndum, todo hacía pensar que el primer bloque, el de los unionistas, podría haber sido más amplio, cuantitativa y cualitativamente, si a él se hubiera unido el voto de los socialistas del PSC.
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El Presidente de la Generalitat de Cataluña decidió disolver el Parlamento catalán y convocó elecciones en esa comunidad el pasado día 25 de noviembre de 2012. El argumento principal para terminar una legislatura que apenas había alcanzado el ecuador fue que el proyecto independentista que ahora defiende su formación política y que ha aprobado el Parlamento catalán no se encontraba dentro de sus promesas electorales y, mucho menos, dentro de su Programa de Gobierno con el que fue investido Presidente de la Generalitat.
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