Siempre se podrá discrepar de lo que digo a continuación. En mi opinión, lo más transcendente que hemos hecho los españoles en estos últimos cincuenta años fue el proceso de pasar de una dictadura de casi cuatro décadas a una democracia que ya dura algo más que el funesto régimen franquista.
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Mucho se ha discutido estos días sobre la modificación del Código Penal en relación con la llamada ley del sólo sí es sí. Según he leído, hay un principio fundamental en el derecho que avisa de que no puede haber delito ni pena sin ley previa. De ese principio se deduce fácilmente que cualquiera que sea el delito cometido, si no está tipificado no puede ser castigado penalmente.
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Imagen del último pleno del CGPJ con Rafael Mozo al frente tras la dimisión de LesmesLos partidos no podrían politizar la justicia si no contaran con cómplices dispuestos a hacer el trabajo sucio y a traicionar a sus compañeros de profesión. No conozco a ningún magistrado que levante su voz para rechazar el apelativo de demócrata, conservador, liberal, de izquierdas o de derechas que se le atribuye desde el mismo momento en que su nombre se baraja para algún puesto de relevancia en el Poder Judicial. Ni un solo magistrado de los que han sonado o suenan para ocupar responsabilidades en el órgano de Gobierno de los jueces o en los altos tribunales de Justicia ha protestado por esos apelativos.
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Ya se venía venir. Creíamos que la democracia occidental estaba consolidada. No íbamos a ser tan estúpidos como para dejarnos arrastrar por los Trump, los Salvini, los Le Pen y demás saboteadores de la libertad. Con lo que costó desterrar los discursos racistas, xenófobos, machistas, dictatoriales, sabíamos que quienes se asomaran a la arena electoral con esos pronunciamientos no llegarían ni a la esquina de cualquier colegio electoral. Eso ya no tenía sitio en sociedades hechas y derechas como las nuestras. Quienes se atrevieran a despreciar a las mujeres, a los homosexuales, a quienes tuvieran una piel de color diferente a la «blanca» o una religión distinta de la «verdadera» estarían cavando su tumba en el momento de nacer.
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El pasado día 25 de junio el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó un decreto anticrisis que o me parece raro que cada día sean menos las personas que con un cierto nivel de preparación profesional y un coeficiente de inteligencia normal decidan dar la espalda a la política. El ejercicio institucional se ha convertido en un oficio de alto riesgo como lo ponen de manifiesto las condenas, ratificadas por el Tribunal Supremo, a los ex presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Uno, Chaves, condenado a la inhabilitación por nueve años para cargo público y otro, Griñán, condenado a pena de prisión de seis años y un día. No voy a ir por la línea ya marcada por quienes se sorprenden de que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no tuviera el más mínimo conocimiento de la corrupción en la que estaban incurriendo sus más allegados colaboradores, mientras que Chaves y Griñán deberían haber estado al tanto de las triquiñuelas que se cometieron con el subsidio por despido de algunos trabajadores de empresas en crisis. Los magistrados sabrán por qué la Justicia es a veces tan injusta, tan diferente y tan de colores.
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