Pasar de castaño oscuro

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Se entendería que alguien deseara romper amarras con la parte a la que está unido, sabiendo que esa ruptura significaría para él un perjuicio en lo económico. Entonces, lo que movería a la separación sería otro tipo de razones distintas a las puramente pecuniarias. En el caso de Cataluña, los precursores de la independencia nunca dan por supuesto que la ruptura significará el empobrecimiento de la gente que en ella vive. No se querrían ir si supieran que irían a peor. Quieren marcharse porque piensan que vivirán mejor. La identidad, la diferencia, la lengua y la cultura no son el argumento sino la excusa para vivir mejor. Cuando el nacionalismo español de la Restauración, de la dictadura de Primo de Rivera, de la dictadura de Franco supuso un trato preferente y privilegiado para la industria y las infraestructuras catalanas, nadie acarició la tentación de romper para perder. El estatuto de Cataluña de la II República definía a ese territorio como «Región española».
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El pasado día 5 se inauguraron los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, en Brasil. Durante los meses que precedieron a la inauguración del evento deportivo más importante de cuantos se celebran cada cuatro años, se especuló sobre la capacidad y preparación de los brasileños para llegar a tiempo y en condiciones a la inauguración. Los medios de comunicación nos ofrecían imágenes y crónicas periodísticas que ayudaban a pensar negativamente sobre la decisión que se adoptó por los responsables de decidir el lugar de celebración de esos juegos. Habitaciones a medio construir, baños rotos, duchas destartaladas proyectaban la ruina que parecía ser la ciudad olímpica, sitio en el que los atletas y deportistas participantes iban a vivir durante el periodo de celebración de las competiciones en las que participaran. Se pretendía transmitir la idea de que Brasil no era un país acreditado para responsabilizarse de una organización como esa.
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En el momento en que estoy escribiendo este comentario, diversas formaciones políticas se encuentran en pleno proceso de negociación para la investidura de Pedro Sánchez como futuro presidente del Gobierno de España, tras la negativa de Mariano Rajoy para tal eventualidad. Y no me extraña la renuncia de Rajoy porque sólo quienes se han sometido a una investidura parlamentaria saben lo duro y desagradable que supone tal hazaña. Y no digo nada si el candidato sabe desde que sube a la tribuna que la votación está perdida. No hablo de oídas porque, aunque a un nivel inferior, fueron seis las veces que tuve que vivir esa experiencia.
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El Parlamento catalán eligió a un presidente golpista el pasado 10 de enero. Su elección es la consecuencia de lo establecido en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por mucho que la CUP pretenda justificar su voto argumentando que ellos no han votado por un presidente autonómico, sino por un presidente de la República provisional catalana, las palabras de la presidenta del Parlamento catalán al proclamar presidente al Sr. Puigdemont diciendo que “mañana se dará cuenta de esa elección al Rey Felipe VI”, revelan claramente que lo que se eligió fue un presidente autonómico y no otra cosa. En consecuencia, hay algo que el presidente y su gobierno no pueden dejar de hacer, que es cumplir y hacer cumplir las leyes, que es una de las exigencias para gobernar en un Estado de Derecho.
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